El seminario organizado por la UA ha captado la atención de más de 70 personas, entre profesores, estudiantes y profesionales

Miguel Ángel Royo Bordonada, docente e investigador de la Escuela Nacional de Sanidad y presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, presentó, en la XIX Conferencia Bengoa de la UA, su ponencia, que analiza el pasado, presente y futuro de las leyes y políticas alimentarias en España. A juicio del ponente, las políticas adoptadas no han sido realmente efectivas hasta el día de hoy, pero pueden llegar a serlo.

La conclusión a la que se llegó es que se conocen las medidas que mejor funcionan y tienen un aval científico. Además, Royo mostró cómo esas medidas, incluso las que tenían que ver con el incremento de precios, eran apoyadas por la población. Por lo que, tal y como nombró su conferencia, solo falta querer, para poder.

Las leyes alimentarias se pueden dividir según el problema al que afectan: control de precios, informativas, alegaciones y reformulación. En España, pese a que existen leyes y programas o estrategias destinadas a estos efectos, es uno de los peores países en aplicación de estas leyes en toda la UE, según explicó Royo. Este tipo de normativas son, en su mayoría, de autorregulación en España, contó Royo, lo que deriva en un bajo o mal control y una deficiente aplicación real. La estrategia más conocida, la NAOS, ha tenido efecto casi nulo, por lo que aún queda mucho por trabajar, aseguró el investigador. 

Royo interpeló a los asistentes:¿y por qué no se llevan a cabo las políticas necesarias? Pregunta que él mismo respondió: “Por intereses comerciales”. Las empresas no solo tienen más poder y dinero que muchos estados, sino que tienen el poder de influir en los propios gobiernos, apostilló.

Según explicó el investigador, a nivel autonómico sí que existen ejemplos que han sido de utilidad, como es el caso de Cataluña. En esta región, se aplicó una política de control de precios respecto a las bebidas azucaradas, los impuestos subieron en un 5%. Las gráficas demuestran un descenso en el consumo de estas bebidas, tal y como mostró Royo. Asimismo, se ha demostrado, en diversos estudios, que el control de precios es la política que más afecta al consumo.

El marketing alimentario, por otro lado, supone un problema a juicio del experto porque es muy difícil de contrarrestar. Se calcula que cada niño, en España, recibe una media de 1.200 impactos de publicidad alimentaria al mes. Las campañas de marketing social son muy pequeñas en comparación con el marketing de la industria alimentaria, destacó Royo. Aparte del marketing social que impulse una alimentación saludable, a juicio del investigador, deben aplicarse políticas y normativas que defiendan a las personas más vulnerables, la infancia.

La malnutrición es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Sin embargo, dirigir las acciones para prevenirla a los factores individuales es muy poco efectivo, según el presidente, quien señaló que las causas son tanto poblacionales, como sociales y ambientales.

Para tratar esas causas, conocidas como determinantes comerciales de la salud, las políticas alimentarias son una gran baza, explicó el investigador. Estas políticas pueden atacar a los sistemas de producción y distribución, a la relación entre gobernantes e industria y a la publicidad y el marketing detrás de estos productos, que a juicio del experto constituyen los tres pilares a cambiar.